martes, 29 de noviembre de 2011

Sistema internacional de Cálculo de las Emisiones de CO2


SISTEMA INTERNACIONAL DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2

El sector vitivinícola ha alcanzado un acuerdo a nivel internacional sobre un sistema de cálculo de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

El acuerdo ha sido aprobado por la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) y permite a las empresas vitivinícolas evaluar sus prácticas medioambientales según una metodología normalizada.

El “Green House Gas Accounting Protocol” aceptado por la OIV contiene dos instrumentos fundamentales:

"Protocolo empresa": instrumento que permite evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades de las bodegas.
"Protocolo producto": pautas generales sobre las emisiones asociadas a los productos vitivinícolas que permiten obtener información sobre los niveles de referencia relacionados con la “huella de carbono "

El calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están a la orden del día en cualquier medio de comunicación.

El mundo del vino ni quiere ni puede ser ajeno a esta realidad. Las bodegas españolas asumen sus responsabilidades corporativas y sociales; y se adaptan a los tiempos comprometiéndose a buscar la forma correcta de calcular su contribución a las emisiones de GEI, para después poder reducirlas si fuera necesario.

De todos es sabido el gran valor ecológico del viñedo, que particularmente en España contribuye de forma notable a la conservación de suelos (casi siempre pobres), a la lucha contra la desertificación, a la fijación de agua y a la creación del paisaje, además de tratarse de un cultivo relativamente poco mecanizado o tecnificado. Sin embargo y con la excepción de algunas loables iniciativas de empresas individuales no se dispone de información sobre la medida en que la actividad vitivinícola contribuye a las emisiones de CO2. Y es algo que el sector necesita saber, no solo para actuar en consecuencia por responsabilidad social, sino también porque es una información que consumidores y grandes cadenas de distribución comienzan a demandar.

Así, por ejemplo, algunos protocolos internacionales no consideran el CO2 producido por la quema de biocombustibles (sarmientos y otros restos vegetales en el sector vinícola), pero sí tienen en cuenta las emisiones de otros gases de efecto invernadero, como el metano o el óxido nitroso, derivadas del uso de esos mismos biocombustibles. Aunque hay una tendencia clara a disminuir las emisiones, existen dificultades en su atribución y contabilidad pues no hay protocolos uniformes de cálculo.

El problema se encontraba en definir un método de cálculo y atribución específico para la industria del vino. Y en la economía global se hacia necesario un sistema de cálculo único, consensuado a nivel internacional. Con este fin, la OIV creo un comité especial en el que la Federación Española del Vino participa activamente.

Además de los motivos puramente ambientales y sociales, también existia otra buena razón para que la industria vinícola conozca con detalle su perfil de emisiones. En varios países de la Unión Europea se está estudiando la modificación de algunos impuestos para incluir criterios ambientales en su tarificación. El sector del vino debe avanzar lo más rápido posible para conocer bien sus magnitudes, evitando así que se le puedan atribuir módulos colectivos de carácter estimativo, que siempre resultarían onerosos.

Por otra parte los consumidores exigen información precisa sobre responsabilidades ambientales; y, lo que es peor, un 48% de ellos desconfía de la información medioambiental que las empresas incluyen en el etiquetado de sus productos. Además, para el consumidor europeo medio, el ambiental es el tercer componente más importante en las decisiones de compra, después de la calidad/seguridad y del precio del producto.

En un futuro cercano las políticas de defensa del consumidor y las exigencias medioambientales van a converger muy pronto, constituyendo una prioridad política de los gobiernos y de la propia UE en los próximos años. Afortunadamente, para las empresas agroalimentarias hay un amplio margen de actuaciones que pueden mejorar la gestión ambiental especialmente en la parte no agrícola del proceso y que también pueden contribuir a reducir los costes de producción, aunque requieran esfuerzo e inversión.

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