martes, 7 de febrero de 2012

Política Restrictiva de Plantación de Viña




POLÍTICA RESTRICTIVA DE PLANTACIÓN DE VIÑA


Ya en la exposición de motivos del Estatuto del Vino de 1932, el legislador advertía las crisis periódicas que ha sufrido el viñedo a lo largo de la historia, entendiendo que las razones de ello obedecían al carácter aleatorio de la demanda de caldos, según la abundancia o escasez de las cosechas en otros países vinícolas, a la desorganización del consumo interior, a la impureza y descalificación de los productos en el comercio por falta de una inspección rigurosa, al régimen de impuestos municipales y provinciales, a la falta de espíritu colectivista de los productores, etc. Fue propósito del Estatuto atender y remediar, en la medida de lo posible, estos males, fijando una serie de medidas, destacando, entre ellas, la racionalización de las posibles plantaciones, y cita textualmente: “de suerte que no vengan a agravar con una desmesurada concurrencia de caldos la crisis actual de la vinicultura".

Así a modo de ejemplo, cabe citar un Decreto Ley de 10 de agosto de 1954 por el que se dictan normas para el cultivo de la vid, que fundamentaba la crisis de la economía vitivinícola en el desequilibrio entre la capacidad de producción de la superficie dedicada al cultivo de la uva y las necesidades de consumo. Por ello prohibía con carácter absoluto y total, la plantación y reposición de vides durante un periodo determinado.     

La Ley 25/70 que aprueba el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, adapta la normativa a los nuevos tiempos y a los avances tecnológicos, incidiendo especialmente en la protección de la calidad a través del sistema de las Denominaciones de Origen. Sin embargo, la realidad era clara, la producción de vino excedía las necesidades de consumo.

La situación en España no era distinta que en otros Estados miembros de la, hoy,  Unión Europea, y así la problemática relativa a la restricción del viñedo se hace patente y tiene una incidencia normativa para España desde la adhesión a las Comunidades Europeas en 1985, momento desde el cual se adopta el acervo comunitario y se asumen las medidas de intervención administrativa en aras de lograr un adecuado equilibrio del mercado vitivinícola.

La normativa comunitaria vigente al momento actual sigue advirtiendo de la realidad de esta problemática, y así la que podemos considerar Carta Magna del sector, la Organización Común del Mercado Vitivinícola, establecida por el Reglamento (CE) 1493/99, del Consejo, de 17 de mayo, no es ajena a esta situación, y en su Considerando tercero a la hora de fundamentar los motivos que justifican la sustitución de la OCM anterior, establecida por el Reglamento (CEE) nº 822/87, cita la adecuación de gestionar la situación actual del sector vitivinícola, que presenta unos excedentes estructurales reducidos pero también la posibilidad de que se produzcan excedentes plurianuales, debido sobre todo a la capacidad intrínseca del sector de presentar inmensas fluctuaciones en la producción de una cosecha a otra.

Por su parte, en sus Considerandos trece y catorce, admite el logro de una mejora del equilibrio del mercado de forma relativamente lenta y difícil; asume que las restricciones vigentes de plantación constituyen un elemento fundamental de este éxito, por lo que entiende necesario controlar de esta manera el uso que los productores hacen de sus propiedades de acuerdo con el interés general. En consecuencia, entiende necesario mantener las restricciones vigentes de plantación durante un periodo limitado a medio plazo.

En definitiva, la regla general para todos los países que integran la Unión Europea y en consecuencia, se encuentran bajo la regulación de la OCM, es la de prohibición de plantación de viñedo.

El Reglamento (CE) nº 1493/1999, ha prorrogado hasta el 31 de julio de 2010 la prohibición  de realizar nuevas plantaciones en la Unión Europea, si bien, cabe plantearse al tiempo actual si resulta conveniente seguir manteniendo esta prohibición introducida en el ámbito comunitario a través del Reglamento (CEE) 1162/76, que dispuso una prohibición general, si bien de carácter temporal, con el fin de paliar una situación excedentaria de índole coyuntural. 

Transcurridos casi treinta años de la prohibición y una vez que se ha logrado, en mayor o menor grado, un control de los excedentes, como se reconoce en la propia exposición de motivos de la OCM, surge la duda sobre la justificación de una medida que no solo representa una limitación del derecho de propiedad de la tierra, sino que además supone una serie de cortapisas importantes al mercado del vino. La realidad actual nos dice que los denominados países productores del “Nuevo Mundo” tienden a ampliar su superficie de viñedo, al tiempo que sus vinos obtienen éxito en los mercados internacionales

No obstante lo anterior, no pude obviarse las posibles consecuencias de una absoluta desregularización y liberalización del sector, pues ello podría conllevar el inevitable riesgo de una sobreproducción.

De otro lado cabe reflexionar acerca del establecimiento de cupos sobre los derechos de nueva plantación en relación a la obtención de vinos de calidad. En la práctica ello provoca el recurso a la necesaria adquisición de derechos de replantación, con el consiguiente sobrecoste que produce sobre una pretendida plantación de viñedo, y que en definitiva no deja de suponer una ventaja para los países del “Nuevo Mundo” que no se ven sometidos a contingente alguno en lo que a derechos de plantación se refiere.

Favorecidos por las normativas nacionales, menos estrictas que las de sus competidores europeos, así como por su dinamismo comercial, los llamados vinos del “Nuevo Mundo” han pasado de un 4 a un 14% de éxito comercial en los 10 últimos años.
  
En un escenario mundial de competencia en todos los segmentos del mercado, se precisa dar nuevos pasos, adoptando una regulación que vaya más allá de las declaraciones genéricas. Hemos de preguntarnos por tanto sobre el camino a seguir y sobre la necesidad de que las Administraciones competentes orienten el sector hacia la obtención de vinos de calidad a partir de medidas tales como la concesión de derechos de plantación de viñedo en suelos aptos, la utilización de variedades idóneas al suelo y al clima concretos, el establecimiento de parámetros de calidad adecuados, el impulso de campañas de promoción y una debida incentivación del sector productor, del elaborador y del comercializador.

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